Para quienes rechazamos el autogolpe de Alberto Fujimori, del 5 de abril de 1992, la convocatoria a Asamblea Constituyente y la posterior aprobación de la Constitución Política de 1993 es ilegítima e ilegal, por lo tanto no estamos obligados a reconocerlo como una Carta Magna que debe regir los destinos del Perú.
Sin embargo a pesar que los partidos tradicionales, entre ellos el Apra, dijeron rechazarlo e incluso prometieron restaurar la Constitución de 1979; luego en el gobierno lo vienen aplicando de manera entusiasta por que está de acuerdo a los planes de los grupos de poder económico nacionales y de la política neoliberal del imperialismo.
Lamentablemente el pueblo, por la falta de una organización fuerte que logre convocar a los diferentes sectores de la población, no ha estado ni está en condiciones de generar una desobediencia civil contra todas las leyes que han sido dadas al amparo de esta Constitución fujimorista.
De ahí que la dación de la Ley de Educación 24088, es de donde se desprenden las normas y leyes que en el sector educación liquidan totalmente la gratuidad de la educación pública, a través de la municipalización, y así mismo la flexibilidad laboral (despido masivo de maestros) mediante la ley 29062.
Es decir, tanto la Ley 24088 y la 29062, son ilegítimos e ilegales; por estar respaldado por una Constitución Política que fue declarada ilegal. Sin embargo el gobierno antipatriótico de Alan García lo viene aplicando, y entonces al movimiento magisterial no nos ha quedado otra cosa que hacerle frente en su mismo terreno. Por eso ya hemos hecho saber nuestra decisión de rechazarlos y exigir la derogatoria de ambas leyes, en especial la 29062 por estar directamente vinculada a los maestros.
Debemos seguir redoblando nuestros esfuerzos por implementar medidas de lucha orientadas a lograr la derogatoria de estas leyes. Y en este caso corresponde a los dirigentes del CEN del SUTEP seguir ejerciendo el triste papel de traidores al magisterio, apoyando en la práctica la política educativa del gobierno y hacer oídos sordos al clamor de las bases para enfrentar, resueltamente, al gobierno con la lucha directa de las masas en coordinación con el pueblo organizado.
No basta con recordar el rechazo a la convocatoria de incorporación a la ley, puesto que las amenazas de Chang de seguir insistiendo de manera coercitiva se siguen escuchando.
Publicado por Felipe Torres.
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