En teoría los lineamientos y procedimientos del concurso público suenan bien. Guardan relación con los postulados de una evaluación integral, la autonomía institucional muy concordantes con las retóricas del pensamiento educativo dominante. El proceso de inscripciones en su cronograma fue alterado de la noche a la mañana, se anunció las inscripciones para una fecha determinada la misma que no se cumplió porque apareció otra, acto que propicio que muchos docentes no puedan participar del proceso.
En la primera fase como todos sabemos, la evaluación nacional escrita propiciada por el mismo Ministerio de Educación perdió seriedad y transparencia al aparecer hasta tres calificativos sobre el rendimiento de cada docente. El Ministro Chang no reparó del error, al contrario lo legitimó aduciendo algunos pequeños desperfectos informáticos en el INEI con la separación de uno que otro funcionario de rango menor. Todo el país empezaba a comprobar que el proceso se llenaba de vicios. Postulantes que tenían 12 puntos aparecían con 14, y los que habían obtenido 14 al día siguiente sorprendidos constataban que tenían 13. La nota minima para participar de la segunda fase era 14. La doctrina jurídica nos dice que el error no genera derecho, pero igual el error no importaba y el proceso continuó por su camino sinuoso.(Lo más escandaloso fue la venta de la prueba días antes de su aplicación, hecho denunciado por el Colegio de Profesores -organismo representativo de los docentes-, el sindicato de maestros de la educación -Conare sutep-, el diario La Primera -medio de comunicación independiente-, entre otros; inclusive la venta de la prueba fue denunciada y entregada en RPP, horas antes de las 9 a.m. del domingo 15 de noviembre del 2009 por los maestros, sin embargo fue silenciada por la radio oficialista. Pero, lo evidente y la consistencia de la venta de la prueba fue la denuncia del Fiscal de turno del Callao)
La segunda fase denominada institucional que en sus intenciones parecía ser más democrática y participativa se convirtió en un proceso corrupto y escandaloso, lo que nos hace pensar que el magisterio no está preparado para transparentar procesos y que nuestras instituciones rectoras de la educación como el Ministerio de Educación no entienden los complejos procesos que se presentan en la educación peruana.
En el caso de nuestra región de Puno, los procesos de selección no fueron distintos. Se han alterado títulos y diplomas de segunda especialidad, y ni que decir de los certificados de capacitación, comprados en el mercado negro con lo que sumar puntos para muchos postulantes no fue problema. Lo más escandaloso es que muchos comités de evaluación usaron estratégicamente la entrevista personal y las clases modelo para favorecer a sus docentes preferidos. No se salvan del escándalo algunas UGELs como la de Chucuito Juli de los 9 casos que tuvieron a su responsabilidad, en los nueve casos los ganadores fueron favorecidos por determinación de la “capacidad didáctica” y “conocimiento de la realidad nacional, regional y local y su capacidad de comunicación”, que en realidad gracias al uso de estos dos ítems se podían manipular para favorecer y fraguar un proceso de selección de maestros.
Hay médicos del sector Salud que se prestaron a las ofertas corruptas de algunos postulantes para obtener certificados de discapacidad. Los emitieron sin ambages y fueron favorecidos muchos postulantes, sobre todo en la jurisdicción de la UGEL Huancané y otros lugares de toda la región. Ya que la norma bonifica con el 15% del puntaje final.
El proceso por lo tanto, es uno de los más viciados de todos los que se conocen hasta ahora, ¿y quién es el mayor perdedor de todo este proceso? El estudiante peruano en general y el puneño en particular. Con una selección cuestionada de maestros y con un Ministerio de Educación que legitima estos actos. Sin duda la transparencia en Educación está lejos de ser una realidad.
Lo más inmediato que se puede hacer en el momento es revisar minuciosamente todo el proceso y sancionar ejemplarmente a todos los responsables.
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